EL BANCO DE ESPAÑA, ENFANGADO HASTA LAS TRANCAS EN LA ESTAFA DE BANKIA

Miguel Angel Fernández Ordóñez, un tipejo que se llenó la boca de repetir que
los trabajadores debían renunciar a una parte de su sueldo para hacer la econo-
mía más competitiva mientras él se forraba con su cargo asignado a dedo deso-
yendo por sistema a quienes hacían bien su trabajo. Hasta el lunes …

Como alguien ha dicho por la Red, el país en que vivimos es como el Titanic, pero con los pasajeros aplaudiendo. No votamos otra cosa que corrupción de derechas o corrupción de izquierdas, con el lema de “A mí que me roben los míos” como razonamiento supremo. Esta semana viene a confirmarlo la información que nos revela que un inspector técnico del Banco de España había advertido de los riesgos de la salida a bolsa de Bankia, viendo sus sucesivas advertencias ignoradas por sus superiores, unos supuestos “servidores públicos” que en realidad han estado ejerciendo de vividores de lo público. La operación fraudulenta ha acabado costando 23.000 millones de euros al contribuyente

¡Queda inaugurada la máquina de perder dinero!

Hace dos semanas Miguel Ángel Fernández Ordóñez, exgobernador del Banco de España, criticaba al ministro de Economía, Luis de Guindos, por su actuación con el rescate de Bankia y por “magnificar los problemas del sector bancario español”. Vamos, que no era para tanto … Sin embargo el lunes, la Audiencia Nacional ordenaba al juez Fernando Andreu imputar a Ordóñez y al resto del organismo supervisor del Banco de España, en total seis altos cargos, al haber encontrado indicios “demoledores” que muestran que conocían perfectamente la precaria situación patrimonial de Bankia antes de su salida a bolsa. En otras palabras, que sabían que estaban colocando una entidad insolvente que terminaría quebrando, con el consiguiente perjuicio para sus accionistas.

En su auto, el tribunal subraya que el informe que advertía de los peligros de la salida a bolsa de Bankia es “demoledor”. El auto se apoya en cuatro correos del inspector José Antonio Casaus, enviados a diferentes responsables del Banco de España los días 6 y 8 de abril y 10 y 16 de mayo de 2011, justo antes de la colocación de acciones, realizada en junio. El tribunal concluye que el informe de los inspectores era “absolutamente contrario” a la salida a bolsa en estructura de doble banco, BFA-Bankia. El primero de los correos es “demoledor”, reitera la Audiencia, “subrayado en rojo en grafía reforzada la opinión técnica absolutamente contraria a la salida a bolsa en estructura de doble banco”. El informe alerta: “Los ingresos serán menores que los costes por mucha cuenta de resultados que pinten con beneficio” y que el grupo no es viable e insiste que la única solución es la venta del banco a una entidad independiente, a ser posible, extranjera, que se haga cargo de la deuda de Bankia. Las refinanciaciones en el mercado mayorista ascendían a 120.000 millones de euros, más del 12% del PIB español, una cuantía que sólo una entidad muy solvente podía garantizar. Sin embargo, a pesar de las advertencias, la oferta pública de suscripción siguió adelante.

¿De qué se quejan? En este país todos saben lo que firman.
Excepto la infanta Cristina, of course.

Casaus incluyó en su informe que “la salida a bolsa con un banco doble [BFA-Bankia] es el primer paso para nacionalizar las pérdidas, algo injusto y contrario a lo que nos pide la norma (velar por un uso eficiente de los recursos públicos)”. En definitiva, la inspección del Banco de España detecta y transmite a la cúpula que colocar Bankia entre inversores particulares con BFA como entidad pública obligará a rescatar a las entidades en el futuro debido a que no conseguirán refinanciar todos los vencimientos y asumir las pérdidas patrimoniales.

El informe denuncia que la dirección de BFA-Bankia “anteponía sus propios intereses a los de la entidad, denunciando las excesivamente generosas políticas retributivas y de prejubilaciones poniendo ya en cuestión que pudiesen devolverse los fondos aportados por el FROB”. También recoge otro informe de 21 de marzo de 2012, en el que su primera conclusión es que la matriz del grupo BFA “no es una entidad viable”.

Lo prioritario: salvar el negocio de esta gente, aunque sea a
fuerza de recortes, deshaucios y austeridad.

Los correos de Casaus se acompañan de “números demoledores”, según interpreta el propio tribunal. Así, señala su “total ausencia” de rentabilidad como el “mayor problema”; y el problema de liquidez como “la principal amenaza”: “Bankia ha recibido ayudas públicas directas o indirectas a largo plazo por más de 23.000 millones de euros (…) Pongamos estos 23.000 millones de euros en relación con los 33.000 millones de euros de emisiones de Bankia que vencen entre 2011 y 2012 y llegaremos a la conclusión de que Bankia ha podido afrontar una gran parte de los vencimientos en los últimos tres años gracias a las ayudas públicas directas o indirectas del Estado español”, es decir, del contribuyente.

La pregunta que uno se hace es ¿cómo es posible que se ignorase el preceptivo informe previo y se procediese a lanzar un producto inviable, que ha hundido la confianza en la banca española? ¿qué supervisión ejercía el organismo encargado de tal tarea? ¿se la colaron o se trata de una colaboración interesada sobre la base de vaya Vd. a saber qué contraprestaciones? ¿hasta qué punto la negligencia de los supuestos servidores públicos nos ha salido exorbitantemente cara a los contribuyentes?

(Fuente: http://www.elespanol.com/)

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